Soboce mantiene firme su reclamo ante la Comunidad Andina

La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) confirmó que su disputa internacional ante la Comunidad Andina (CAN) sigue activa. Además, la empresa planea presentar un recurso de reconsideración junto a sus accionistas en la región, respaldado por documentación relevante para avanzar en el proceso.

Soboce hizo hincapié en que su expediente no ha sido cerrado y mantiene su postura de que la demanda se basa en el presunto incumplimiento de las normas andinas sobre trato nacional y la seguridad jurídica en el país. Esto está relacionado con la resolución que ordena el pago de Bs 744.315.432 a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).

La empresa argumenta que la controversia debe ser resuelta por la justicia comunitaria andina y solicita que, mientras se espera una decisión, el sistema judicial boliviano detenga la ejecución del cobro.

Por otro lado, las comunidades aymaras de Asunción Catavi y Catavi, ubicadas en el municipio paceño de Pucarani, han presentado una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Su demanda busca la suspensión provisional del fallo, argumentando que necesitan claridad sobre cómo la ejecución de la sentencia afectará sus medios de vida.

El 15 de octubre, la Sala Constitucional Primera admitió el recurso y programó una audiencia pública para el próximo 22 de octubre. Esta acción se dirige contra el juez Carlos Quispe Pérez, encargado de aplicar la sentencia en el Juzgado Público Civil y Comercial N.º 11 de Chuquisaca.

Las comunidades aymaras sostienen que su economía depende de las operaciones en las áreas mineras San Calixto y La Marmolera, gestionadas por la Cooperativa Multiactiva Catavi R.L., la cual aporta anualmente unas 540.000 toneladas métricas de piedra caliza a la planta de Soboce en Viacha. Este trabajo ha sido una fuente crucial de ingresos para las familias locales durante décadas.