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Política

Bolivia continúa en el último lugar del índice de Estado de Derecho

El país se posiciona en el puesto 130 de 143 a nivel mundial, evidenciando serios problemas en justicia y transparencia, según el último informe del World Justice Project.

Mónica Arancibia · 22 Oct 2026 · 2 min de lectura

Bolivia ocupa el puesto 130 de 143 en el Índice Mundial de Estado de Derecho, según el World Justice Project. A pesar de haber subido un puesto desde el año anterior, el país sigue enfrentando marcadas deficiencias en justicia, transparencia, y derechos fundamentales.

En el ranking de 2025, Bolivia estaba en el 131 de 143 y en 2024 en el 131 de 142. Actualmente, el país se encuentra solo por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela, naciones que son criticadas internacionalmente por violaciones a los derechos humanos.

El Índice se basa en ocho factores, siendo la justicia penal el área más afectada, donde Bolivia se encuentra en el puesto 141 de 142 a nivel global y 31 de 32 en la región. Esto refleja las serias fallas en la investigación y la ineficiencia procesal.

En justicia civil, el país se posiciona en el 140 de 143 a nivel mundial y 30 de 32 en la región. Por su parte, en temas de corrupción, Bolivia se encuentra en el puesto 140 de 143, evidenciando altos niveles de percepción de impunidad.

Mejores y peores posiciones

Categoría Puesto Global Puesto Regional
Justicia Penal 141 de 142 31 de 32
Justicia Civil 140 de 143 30 de 32
Corrupción 140 de 143 31 de 32
Gobierno Abierto 87 de 143 23 de 32

Desde el 2015, Bolivia ha experimentado un estancamiento en su situación, con pocos avances y varios retrocesos en los indicadores del Estado de Derecho, lo que impide al país salir de los últimos puestos en el ranking.

Como abogados debemos sentir vergüenza (…) Es un desastre. Es la mejor prueba de que esas historias de que iba a haber reforma judicial ha sido una ‘estrategia envolvente’ (…) Somos prácticamente un estado de no derecho, una jungla y así jamás vamos a atraer inversiones que estamos rogando y clamando.

La situación actual plantea serios retos para la administración del país en el ámbito de la justicia y la atracción de inversiones, áreas fundamentales para el desarrollo económico.