TCP alerta sobre falsificación de fallos y venta de sentencias

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra dos personas, quienes intentaron presentar una sentencia falsa en la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) para realizar un trámite. Además, un funcionario fue despedido por vender una sentencia, continuando con esta actividad incluso después de su desvinculación, y fue sorprendido recibiendo dinero de una víctima que buscaba un puesto en el área de Comunicación.

Oswaldo Silva, asesor legal del TCP, informó que un ciudadano y su abogada intentaron engañar a la CUB utilizando una sentencia falsa que supuestamente debía ser cumplida. Este documento, con el número 910/2026, no existe en el sistema judicial, ya que corresponde al expediente 66129, que aún está en espera de ser asignado a un magistrado para elaborar un proyecto de fallo.

Silva destacó que el proceso en cuestión no ha sido concluido, lo que convierte a la sentencia presentada en un documento fraudulento. Ambas personas, Walter Junior Nakashima y Ximena Patricia Aguilar Lazarte, están siendo investigadas por el uso de instrumento falsificado.

En otro suceso, un proyectista de sentencias, que comenzó a trabajar en enero de este año, fue denunciado por intentar vender una sentencia favorable a un litigante a cambio de un pago. Tras ser reportado a la Unidad de Transparencia del TCP, el funcionario fue despedido y su caso fue remitido al Ministerio Público.

El exfuncionario, que seguía actuando como si aún estuviera en el TCP, fue atrapado recibiendo dinero de una de sus víctimas, a quien cobró aproximadamente 4.000 bolivianos por la promesa de un cargo. Este individuo se encontraba en el proceso de hacer un cobro adicional por un certificado de quechua, y fue puesto en detención preventiva mientras avanza la investigación.

El TCP ha intensificado los controles internos para prevenir irregularidades y está implementando medidas como compromisos de confidencialidad y mayor videovigilancia en sus instalaciones. Además, se han destituido a otros funcionarios por falsificar documentos para ingresar al tribunal, destacando casos de certificaciones de diplomados que nunca realizaron.

Por otro lado, se ha advertido sobre la existencia de un consorcio ilegal compuesto por abogados y funcionarios que estarían cobrando por influencias en los fallos. La Fiscalía ha emitido un comunicado recordando que está prohibido exigir pagos por trámites judiciales y que cualquier servidor público involucrado en tales actos será severamente sancionado.

Cabe mencionar que un caso anterior involucró a un funcionario del Tribunal Supremo de Justicia, quien había sido acusado de cobrar 20.000 bolivianos por un fallo. Este individuo logró extinguir el proceso penal en su contra tras llegar a un acuerdo con la víctima, lo que resalta la gravedad de la situación en el sistema judicial boliviano.