Abogados de Marset solicitan anular la incautación de cuatro cuentas de criptomonedas en El Salvador
La defensa de Sebastián Marset, quien se encuentra en Estados Unidos a la espera de su juicio tras su detención el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, ha presentado una moción ante un tribunal estadounidense para anular la incautación de cuatro cuentas de criptomonedas asociadas al narcotraficante uruguayo. Argumentan que la Fiscalía utilizó una justificación inapropiada para el delito que se investiga, ya que las cuentas están ubicadas fuera del territorio estadounidense.
Los abogados Sandi S. Rhee, Robert Feitel y Joseph King, en coordinación con el abogado uruguayo Santiago Moratorio, buscan que se liberen los activos incautados. Según la defensa, las cuentas están bajo el control de Tether, una empresa con sede en El Salvador. Aseguran que un agente de la DEA obtuvo una orden de incautación el 23 de abril, basándose en una supuesta investigación de narcoterrorismo, aunque la acusación formal contra Marset se relacionaba con un posible delito de lavado de activos.
La defensa considera que esta discrepancia es una falla significativa y no un simple error, dado que la causa probable utilizada para la orden no corresponde con el delito formalmente investigado. Además, citan la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece límites para registros e incautaciones, argumentando que para incautar las cuentas era necesario demostrar la comisión de un delito relacionado y la conexión de los bienes con dicho delito.
Asimismo, cuestionan la jurisdicción territorial de la orden, señalando que el documento no especifica la ubicación de las cuentas ni justifica la intervención de la Justicia estadounidense sobre activos controlados por una compañía en El Salvador. La defensa menciona que la orden de incautación no hace referencia a la ubicación de las cuentas y que no se ha demostrado que los servidores de Tether estén en Estados Unidos.
La defensa también critica la descripción de Marset como un presunto narcotraficante transnacional y líder de una organización de tráfico de cocaína a Europa, señalando que el informe de las autoridades no menciona actividades terroristas, a pesar de que este fue el delito invocado para la incautación. La solicitud será evaluada por la Justicia estadounidense, que deberá decidir si la orden cumplió con los requisitos legales para la incautación de estos activos.