Altas rotaciones en el gabinete de Rodrigo Paz generan dudas en Bolivia
Un análisis revela la intensa movilidad de ministros en la gestión de Rodrigo Paz, quien implementa suplencias frecuentes que plantean interrogantes sobre la eficacia de su administración.
Una exhaustiva revisión de los decretos presidenciales y supremos por parte de la periodista Gabriela Ichaso Elcuaz revela una notable agitación dentro del gabinete del presidente Rodrigo Paz. Los ministros suelen asumir temporalmente otras carteras cuando sus titulares se encuentran fuera del país, lo que ha generado preocupación sobre la estabilidad del gabinete.
Según el análisis, desde el 8 de noviembre de 2025 hasta el 7 de agosto de 2026, se emitieron 185 decretos, de los cuales 71, aproximadamente el 40%, se relacionan con nombramientos interinos. Esta situación ha creado una red de suplencias cruzadas, donde un número reducido de ministros asume la mayoría de las funciones vacantes.
Uno de los casos más destacados es el de Fernando Aramayo, el exministro de Relaciones Exteriores, quien ha registrado 63 días de misiones internacionales en los primeros meses de la gestión de Paz. Aramayo ha viajado a destinos como Brasil, Paraguay, Suiza, Estados Unidos, Chile, Colombia, Türkiye, Corea del Sur y Panamá, participando en actividades vinculadas a organismos multilaterales, Mercosur y otros temas de cooperación.
Además de sus misiones, Aramayo ha sido nombrado como ministro interino en otras carteras, incluyendo Economía y Finanzas, así como Presidencia y Turismo. Curiosamente, a pesar de que Héctor Huanca fue designado como canciller de manera oficial, Aramayo continuó siendo el protagonista en los viajes internacionales.
El análisis también señala a otros ministros que frecuentemente asumen roles provisionales, como José Luis Lupo, quien ocupó temporalmente la Cancillería y Economía, y Oscar Mario Justiniano, considerado uno de los principales “comodines” que reemplaza a titulares en diversas carteras. Se registran también numerosas ausencias de otros funcionarios, con José Fernando Romero acumulando al menos 37 días fuera, y José Gabriel Espinoza con alrededor de 29 días, entre otros.
Aunque el estudio permite identificar quiénes viajaron y por cuánto tiempo, no especifica los costos públicos de estas misiones. Por ello, se plantea que la Asamblea Legislativa Plurinacional debería realizar una fiscalización sobre los gastos en pasajes, viáticos y otros costos, así como evaluar los beneficios que estas misiones han aportado al país.
La inquietud principal radica en cuántos beneficios concretos ha obtenido Bolivia de estas gestiones: ¿se tradujeron en inversiones, acuerdos, o en la mejora de la representación diplomática? A medida que los ministros aumentan su movilidad internacional, persisten problemas en la atención a los ciudadanos bolivianos en el exterior.
El análisis de Ichaso no cuestiona la legalidad de las suplencias, ya que el Decreto Supremo N.º 4557, aprobado durante el gobierno de Luis Arce, permite este mecanismo. Sin embargo, se centra en la frecuencia de estas designaciones y en cómo un grupo limitado de ministros asume una concentración de funciones. La administración de Paz, según el análisis, muestra una dinámica donde las suplencias han pasado de ser una excepción a una norma. Esto plantea la incógnita de cuánto está costando al Estado esta intensa agenda internacional y, sobre todo, qué resultados concretos se están logrando para el país.