Avances en la Agenda 50/50: Claves para la Autonomía
El diálogo sobre el modelo de gobernanza 50/50 avanza tras la cumbre de agosto en Sucre, donde se aprobó un acuerdo histórico que busca descentrar la gestión de recursos en Bolivia.
La reciente cumbre del 5 de agosto en Sucre marcó un hito en el diálogo entre el gobierno central, gobernadores y alcaldes, al aprobar el 'Acuerdo 01/2026-Marco de la Agenda 50/50'. Este acuerdo tiene como objetivo principal la redistribución de recursos, que actualmente se concentran en un 75% en el nivel central, buscando mayores autonomías para los gobiernos departamentales y municipales.
El presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores se comprometieron a eliminar la concentración de recursos, lo que permitirá a los departamentos tener mayor libertad en la gestión de sus ingresos. Para ello, se implementarán tres acciones clave: primero, el gobierno asumirá los pasivos que fueron mal delegados, como los bonos de vacunación y otros fondos pendientes. Segundo, se planteará la modificación de alrededor de 60 leyes y decretos que limitan la autonomía, incluyendo cambios en la Ley 031 y la Ley 1178, que buscan facilitar la gestión administrativa y la creación de impuestos subnacionales. Por último, se creará un Fondo de Compensación Amazónica para abordar desigualdades demográficas.
En cuanto a los acuerdos con los municipios, la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) y la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) han acordado compartir la responsabilidad fiscal al 50% para proyectos locales. Esto abarcará inversiones en agua potable, saneamiento e infraestructura, aunque los alcaldes han exigido que se garantice una liquidez inmediata para poder iniciar las obras.
El cronograma de implementación de estos acuerdos se ha definido en varias fases. En agosto de 2026, se espera formalizar el Acuerdo 001/2026 y establecer mesas técnicas para discutir el cofinanciamiento. Luego, entre septiembre y octubre, se trabajará en la redacción de reformas legislativas cruciales que se incluirán en el Presupuesto General del Estado de 2027, asegurando que tanto gobernaciones como municipios se beneficien de estas nuevas normativas.
El acuerdo también establece responsabilidades claras. El gobierno central se encargará de financiar las cargas pasivas y viabilizar las reformas en la Asamblea Legislativa. A su vez, las gobernaciones se enfocarán en atraer inversiones y gestionar eficientemente sus recursos, mientras que las alcaldías priorizarán la ejecución de obras básicas y la modernización de catastros.
La implementación de la Agenda 50/50 está avanzando sin contratiempos significativos hasta este punto, lo que sugiere que el proceso es viable. Estaremos atentos a los próximos pasos en este importante proceso para el futuro del país.