Beller critica desigualdades en la justicia boliviana tras captura de investigador
Nadia Beller cuestiona el uso desigual de audios en procesos judiciales y la falta de garantías para una justicia imparcial en Bolivia.
Nadia Beller, a través de sus redes sociales, expresó su preocupación sobre la situación del Estado de derecho en Bolivia, al considerar que se está utilizando la justicia para proteger a Fernando Cerimedo, un asesor presidencial vinculado a la investigación sobre narcotráfico. Criticó la reciente aprehensión de Roger Mariaca, quien estaba indagando sobre Cerimedo, argumentando que esta se basó en una conversación informal entre el narcotraficante Sebastián Marset y un policía durante la captura de Marset.
Beller enfatizó que la charla entre Marset y el policía, donde el narcotraficante lo menciona como "su amigo", no puede ser considerada como prueba válida o declaración judicial. Además, cuestionó el hecho de que las autoridades mantuvieran esta grabación en secreto durante seis meses y solo actuaran tras el inicio de investigaciones serias contra Cerimedo.
La activista también comparó el tratamiento que se le ha dado a la grabación de Marset con otro audio que circuló, en el que se escucha a Cerimedo organizando pagos de 15,000 dólares por operaciones de narcotráfico. Se preguntó por qué la conversación de Marset tuvo suficiente peso para justificar la captura de Mariaca, mientras que la evidencia contra Cerimedo parece ser ignorada.
Beller denunció la existencia de un doble estándar en las decisiones judiciales y la influencia de potencias extranjeras en el manejo de casos penales en Bolivia. Resaltó que la Policía, que es objeto de investigación por sus posibles conexiones con Cerimedo, ha realizado allanamientos a fiscalías donde se conservan pruebas cruciales, lo cual pone en riesgo la integridad de la información.
La situación es alarmante, ya que Beller también alertó sobre la posibilidad de que se utilice la crisis actual para desplazar a quienes investigan a Cerimedo y colocar en su lugar a un fiscal general afín al gobierno. Esta acción podría cerrar las indagaciones y dejar sin justicia a las víctimas y a la sociedad.
Finalmente, Beller concluyó que con la intervención de las fiscalías y la violación de procesos judiciales, se ha perdido la seguridad jurídica en Bolivia. Afirmó que el país enfrenta un momento crítico que afecta la democracia, ya que no se puede garantizar un juicio justo para nadie.