Bolivia enfrenta un nuevo reto: construir consensos para evitar conflictos sociales

A menos de tres semanas de que termine el estado de excepción en Bolivia, el país se encuentra en una encrucijada crucial. El 18 de septiembre no solo marca el final de esta medida, sino que representa un plazo decisivo para que el Gobierno, el Legislativo y las organizaciones sociales lleguen a acuerdos que eviten la repetición de los conflictos que tuvieron lugar en mayo y junio, cuando se registraron 51 días de bloqueos y desabastecimiento.

La situación política actual es muy delicada. Con casi un año de gestión, la administración del presidente Rodrigo Paz enfrenta una serie de desafíos, incluyendo el desabastecimiento de carburantes, la caída en su popularidad y los problemas generados por el caso Cerimedo, que han debilitado la confianza pública en el Gobierno.

Diálogo y resultados inmediatos, claves para la gobernabilidad

Cuatro analistas coinciden en que la estabilidad política y la prevención de nuevos conflictos sociales dependen de dos acciones simultáneas: fomentar un diálogo amplio y generar resultados concretos rápidamente. Se requiere un acercamiento tanto entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como con diferentes sectores sociales.

La falta de una mayoría sólida en la ALP complica las cosas para el Ejecutivo, que necesita alcanzar consensos para que sus medidas económicas y reformas tengan éxito. La politóloga María Teresa Zegada enfatiza que es imperativo que el Gobierno establezca acuerdos con los distintos partidos en la legislatura para poder avanzar.

"La democracia no funciona sin acuerdos con la sociedad"

Según el analista Marcelo Silva, la ALP tiene el poder de desbloquear la situación, aunque advierte que las recientes crisis han complicado este proceso. También se destaca la importancia de establecer conexiones concretas con los principales opositores para lograr una mayoría funcional, como señala el analista José Peralta.

El escándalo del caso Cerimedo ha intensificado el descontento ciudadano, que ya se había visto alimentado por la crisis económica y la escasez de combustibles. Zegada alerta que la confianza en la institucionalidad está en crisis y que es urgente que el Gobierno aclare las dudas de la población para recuperar su credibilidad.

Los analistas también advierten que simplemente alcanzar acuerdos en el Parlamento no será suficiente. La ciudadanía está a la espera de soluciones a problemas cotidianos como el abastecimiento de diésel y la estabilidad de precios. Marcelo Silva sostiene que, a pesar de un acuerdo mayoritario en la ALP, es vital que los resultados lleguen pronto para calmar las tensiones sociales.

La situación actual es crítica y se requiere actuar rápidamente en el ámbito económico para prevenir que las movilizaciones vuelvan a surgir en octubre. Peralta sugiere que decisiones inmediatas sobre combustibles podrían ayudar a aplacar el descontento.

Los expertos coinciden en que la prevención de conflictos debe iniciarse antes de que estallen. Para ello, el Gobierno debe recuperar la confianza, abordar las urgencias económicas y abrir canales de diálogo. A la vez, la ALP necesita asumir su rol en la construcción de acuerdos, mientras que los sectores sociales deben llevar sus demandas a la mesa de negociación.