Bolivia enfrenta una nueva ola de incendios sin modificar leyes controvertidas
Bolivia se encuentra nuevamente en la temporada de incendios, ya afectando más de 7.500 hectáreas, especialmente en Tarija y el Parque Nacional Otuquis. A pesar de la situación alarmante, las iniciativas para derogar las leyes que permiten las quemas y desmonte continúan estancadas en la Asamblea Legislativa.
En Tarija, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) informó que alrededor de 5.000 hectáreas han sido devastadas por las llamas en varias comunidades. Ante esto, la Gobernación ha declarado emergencia en los municipios de Méndez, Uriondo y Cercado. La Fiscalía ha iniciado al menos cuatro investigaciones para determinar responsabilidades por el desastre.
En Santa Cruz, el incendio más significativo se produce en el Parque Nacional Otuquis, donde se han quemado cerca de 2.538 hectáreas. También se han detectado focos de incendio en localidades como Pailón y Porongo, complicados por vientos fuertes y la falta de recursos para combatir el fuego.
Con más de 7.500 hectáreas afectadas, la situación se agrava y el periodo crítico de incendios, que generalmente va de julio a octubre, apenas ha comenzado. A esta semana se suman reportes de incendios en el área protegida de Liriuni, cerca del Parque Nacional Tunari, y La Paz ha amanecido cubierta de humo.
La diputada Cecilia Requena, de la agrupación Unidad, denunció que ninguno de los intentos de modificar las leyes controvertidas ha avanzado. Aseguró que todas las propuestas han quedado paralizadas en Diputados, a pesar de que algunas habían sido aprobadas previamente por el Senado.
Una de las normativas más criticadas es la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, que data de 2019. Aunque se recomendó su abrogación, la propuesta ha encontrado resistencia entre legisladores afines a sectores productivos. Requena cuestionó la eficacia de las multas, señalando que son tan bajas que algunos infractores prefieren pagar la sanción en lugar de evitar el daño.
Además, existe la Ley 741, que facilita el desmonte de tierras hasta 20 hectáreas, cuya abrogación fue aprobada en el Senado en septiembre de 2024, pero sigue vigente debido a que el proceso legislativo no se completó.
Requena destaca que para abordar el problema de los incendios, es crucial implementar una nueva Ley de Bosques que no solo elimine vacíos legales, sino que también ofrezca incentivos para prácticas agrícolas sostenibles. Este año, las condiciones son aún más complicadas por la sequía y el cambio climático, lo que puede incrementar la severidad de los incendios.
El desafío es significativo, especialmente tras el desastre de 2024, donde se registraron 12,6 millones de hectáreas quemadas, siendo Santa Cruz la más afectada. Requena concluye que la solución no puede limitarse a apagar fuegos, sino que necesita un enfoque preventivo que incluya información, vigilancia y una reestructuración en cómo se habilitan las tierras.