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Policial

Causas de corrupción y asesinatos siguen sin resolver

La falta de avances en investigaciones sobre casos de corrupción y el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure generan preocupación en el Órgano Judicial, que pide mayor coordinación con la Fiscalía.

Valeria Padilla · 31 Ago 2026 · 3 min de lectura

La situación de inseguridad y las denuncias de corrupción en Bolivia son alarmantes, especialmente con casos como ‘Maletas’, ‘Maletas con oro’, ‘Narcomadera’ y el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure sin resolver. La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, expresó su inquietud y llamó a la necesidad de trabajar en conjunto con el Ministerio Público para evitar que estos delitos queden impunes.

Recientemente, se sumó a esta serie de incidentes un atentado contra la abogada Nadia Beller, quien expuso su vínculo con el estratega digital argentino Fernando Cerimedo y su conexión con el círculo del presidente Rodrigo Paz, en el marco de una investigación por varios delitos.

Ruiz enfatizó que es fundamental que las investigaciones sobre estos casos sean transparentes y que se presenten pruebas para procesar y condenar a los culpables. Aseguró que el Órgano Judicial respeta la autonomía de los jueces y no puede influir en sus decisiones, aunque mostró su preocupación por la falta de progreso en el esclarecimiento de estos hechos.

Solicitud de coordinación entre instituciones

La decana del TSJ también hizo un llamado a las diferentes instituciones del Estado a trabajar en conjunto en la lucha contra la corrupción. Resaltó que la colaboración entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial es crucial para ofrecer resultados claros a la ciudadanía sobre las investigaciones y posibles sanciones.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, al ser preguntado sobre la falta de resolución de estos casos mediáticos y la liberación de sospechosos, defendió la labor del Ministerio Público al señalar que han logrado la detención preventiva de los implicados. Sin embargo, aclaró que las modificaciones en las medidas cautelares son competencia del Órgano Judicial.

"Nosotros hemos logrado la detención preventiva de todas las personas (implicadas en esos presuntos ilícitos) en los diferentes casos. Nosotros, como Ministerio Público, somos respetuosos de las decisiones judiciales."

Mariaca destacó que, aunque pueden apelar decisiones que no comparten, es fundamental que se respete el trabajo de los jueces y vocales en Santa Cruz para asegurar la independencia del sistema judicial.

En resumen, tanto el TSJ como el Ministerio Público coinciden en la urgencia de abordar la corrupción y la violencia en el país, aunque cada uno reafirma su responsabilidad y el respeto por la autonomía en su ámbito de acción.