Cavero critica el proyecto de Ley de Inversiones del Gobierno
El exministro Ramiro Cavero advierte que la nueva normativa podría frenar la inversión en Bolivia por su alta burocracia y falta de incentivos claros para los inversores.
Ramiro Cavero, exministro y economista, expresó su preocupación por el proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno ha presentado en la Asamblea. Según Cavero, la ley podría asustar a los inversionistas debido a la complejidad burocrática que incorpora.
Entre sus críticas, Cavero destacó que la inclusión del arbitraje internacional debería realizarse a través de una modificación constitucional, no solo mediante una ley, ya que esto podría afectar la seguridad jurídica que tanto buscan los inversionistas.
Además, cuestionó el establecimiento de una Agencia Nacional de Inversiones que se encargue de evaluar proyectos y asignar puntuaciones para acceder a beneficios tributarios, sugiriendo que esto podría generar más burocracia y falta de transparencia.
Cavero propuso simplificar el proceso, sugiriendo que con solo tres artículos bien diseñados se podría solucionar el problema de la inversión en lugar de los 130 que propone el proyecto actual. Mencionó la necesidad de aplicar incentivos automáticos y claros, como la eliminación de impuestos sobre ciertos ingresos para atraer capital extranjero.
El exministro también resaltó la importancia de la seguridad jurídica y la estabilidad en las reglas fiscales para atraer inversiones, especialmente en sectores críticos como hidrocarburos, minería y energía eléctrica. Un marco claro y estable facilitaría la decisión de los inversionistas.
Cavero identificó elementos positivos en la propuesta gubernamental, como la creación de una Ventanilla Única de Inversiones, que busca centralizar los trámites en un solo lugar para hacer más ágil el proceso de inversión, y el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas, siempre que se respeten reglas claras.
Finalmente, hizo un llamado a garantizar condiciones adecuadas para operar en el país, como la protección de la propiedad privada y el libre tránsito, ya que los bloqueos y conflictos pueden desincentivar la llegada de inversiones. "¿Por qué invertir en un lugar donde hay bloqueos recurrentes?", se cuestionó.