Confusión en la ALP: parlamentarios acusan de pagos en QR
La senadora Ana María Crispín denunció supuestos pagos a legisladores durante una sesión en la que se discutía la situación del fiscal general, Roger Mariaca. La controversia surgió tras un intercambio con diplomáticos de Estados Unidos, Argentina y Perú.
Durante una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la senadora del PDC, Ana María Crispín, confrontó a diplomáticos de Argentina, Perú y Estados Unidos, mientras se debatía sobre el futuro del fiscal general Roger Mariaca. Crispín publicó en vivo el momento en sus redes sociales, donde se mostró preocupada por un diplomático estadounidense que tenía una laptop y un código QR en las manos, afirmando que estaba frente a una diputada durante el incidente.
En el video, Crispín interroga a los diplomáticos, quienes se identifican como Germán López de Argentina y Fernando Zúñiga de Perú, mientras que el estadounidense, que no revela su nombre, menciona que está presente para observar la situación en Bolivia. Crispín alega que el QR estaba relacionado con pagos directos desde Estados Unidos a parlamentarios, lo que él niega, asegurando que era solo un contacto de WhatsApp.
Crispín expresó su desconfianza hacia los políticos locales, sugiriendo que los pagos se estarían realizando directamente desde el exterior. Indicó que algunos códigos QR ya habrían generado transacciones, aunque no proporcionó evidencia concreta de sus afirmaciones. La diputada Patricia Patiño también manifestó sospechas similares, vinculando estos hechos con el llamado 'Escudo de las Américas'.
El 28 de septiembre, el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a Roger Mariaca en una lista de funcionarios corruptos, acusándolo de aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico. Fue detenido el 30 de septiembre en Santa Cruz, donde la Policía confiscó una ambulancia con más de 3 millones de bolivianos y 10 mil dólares en efectivo. Los fiscales Alberto Zeballos y Martín Irusta también fueron aprehendidos en relación con este caso, que sigue bajo investigación.
La senadora Crispín cuestionó la rapidez con la que la ambulancia dejó el lugar, sugiriendo que había dinero involucrado, lo que parece respaldar ciertas sospechas. Al mismo tiempo, el diputado oficialista Alejandro Medinaceli acusó a operadores de Mariaca de ofrecer grandes sumas de dinero a parlamentarios para protegerlo, aunque sin presentar pruebas definitivas.
La sesión de la ALP fue convocada para abordar la situación del Ministerio Público y terminó con la aprobación de un proyecto de ley que permite suspender al fiscal general con el voto de dos tercios de los presentes, lo que aún requiere de una nueva votación. Mientras tanto, el fiscal superior Luis Montaño asumió el liderazgo del Ministerio Público, aunque no es reconocido por el Gobierno.
La controversia sigue abierta, ya que la senadora Crispín tiene que presentar pruebas adicionales sobre sus acusaciones, y aún se espera una respuesta oficial de la Embajada de Estados Unidos sobre el diplomático involucrado y el uso de los códigos QR en la Asamblea Legislativa.