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Política

Controversia jurídica por juicio a Roger Mariaca

La aprehensión del exfiscal general Roger Mariaca desata un debate sobre la jurisdicción correspondiente a su juicio, ¿será por su gestión en el Ministerio Público o su etapa como fiscal departamental en Santa Cruz?

Ingrid Miranda · 1 Oct 2026 · 2 min de lectura

La detención de Roger Mariaca ha generado un intenso debate jurídico en Bolivia, al cuestionar qué proceso legal corresponde en su caso. La discusión principal radica en si las acusaciones que enfrenta son relacionadas a su gestión como Fiscal General o si se refieren a acciones realizadas cuando era fiscal departamental en Santa Cruz.

Si se estableciera que los delitos se cometieron antes de asumir el cargo nacional, Mariaca sería juzgado por la justicia ordinaria, ya que en ese momento no contaba con el privilegio del fuero constitucional que protege a las autoridades de mayor rango en el Estado.

En contraste, si las acciones ilegales se consideran realizadas durante su mandato como Fiscal General, la ley exige que el proceso sea ante la Asamblea Legislativa. Esto implicaría un juicio de responsabilidades, con el fallo final en manos del Tribunal Supremo de Justicia.

El abogado constitucionalista Arturo Yañez destacó la importancia de definir claramente la naturaleza de los cargos, señalando que en derecho penal se juzgan hechos específicos y son esos hechos los que determinan el tipo de juzgamiento.

Yañez también expresó su preocupación por el procedimiento de aprehensión, cuestionando la legalidad de la "acción directa" utilizada y quién emitió la orden de captura, lo que añade complejidad al caso.

El constitucionalista calificó la situación como un escándalo sin precedentes, que podría afectar gravemente al sistema de justicia en Bolivia, dado que Mariaca era visto como el principal defensor de la legalidad en el país.

Mientras se determina si el caso se tratará por la vía ordinaria o de responsabilidades, el sistema judicial enfrenta numerosas incertidumbres, que incluyen dudas sobre la legitimidad de las autoridades interinas en el Ministerio Público.