EE.UU. ANULA LA VISA A ROGER MARIACA POR NARCOTRÁFICO
La visa del fiscal general boliviano, Roger Mariaca, fue revocada por el Gobierno de EE.UU., que lo vincula con actos de corrupción relacionados al narcotráfico.
El Gobierno de Estados Unidos ha decidido cancelar la visa de Roger Mariaca, actual fiscal general del Estado, acusándolo de presuntos actos de corrupción que estarían relacionados con el narcotráfico. Según el Departamento de Estado, Mariaca habría empleado su posición para aceptar sobornos, lo que facilitaría actividades del narcotráfico y permitiría a criminales violentos evadir la justicia.
Esta acción se enmarca dentro de una nueva estrategia de Washington para imponer restricciones migratorias a funcionarios y exfuncionarios de la región que se encuentran involucrados en casos de corrupción o narcotráfico. En total, 12 ciudadanos bolivianos afectados por esta decisión tienen visas vigentes, incluyendo al exministro de Justicia Iván Lima, fiscales, jueces y otras personalidades.
Entre los mencionados en esta revocatoria se encuentra el magistrado constitucional Israel Campero y el coronel de la Policía Frans William Cabrera Quispe. Además, otros nueve bolivianos que no cuentan con visa vigente han sido declarados inelegibles para recibirla en el futuro.
El Departamento de Estado resaltó que las acciones de Mariaca "ponen en peligro" los esfuerzos del presidente Donald Trump en su lucha contra el narcoterrorismo, además de afectar a las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer con la iniciativa Escudo de las Américas. La medida también impacta a los familiares directos del fiscal general.
Mariaca ha rechazado las acusaciones, sugiriendo que se trata de una forma de presión política e injerencia de parte de EE.UU. Desde Sucre, expresó que, aunque respeta la soberanía de la nación norteamericana, espera el mismo respeto hacia la independencia de las instituciones bolivianas. Defendió las investigaciones en curso del Ministerio Público, especialmente en relación al caso del consultor argentino Fernando Cerimedo.
Además, el fiscal general enfatizó que "investigar no significa condenar" y que es responsabilidad de las instituciones determinar la veracidad de los hechos y establecer las culpabilidades. Es importante aclarar que la decisión de EE.UU. es una medida migratoria y no se traduce en una sentencia judicial contra Mariaca; las acusaciones son parte de la justificación de la restricción impuesta.