El control de calidad en la salud pública: ¿y los médicos?
Mientras se debate sobre las condiciones de los hospitales, un aspecto crucial queda en la sombra: la evaluación de los médicos que atienden a los pacientes.
La conversación sobre la salud pública en Bolivia generalmente empieza con problemas visibles como hospitales en mal estado, la escasez de medicamentos y la falta de recursos. Sin embargo, se pasa por alto una cuestión fundamental: ¿qué tan capacitados están los profesionales que diagnostican y tratan a los pacientes? Aunque un hospital tenga recursos limitados, la calidad del servicio médico es determinante en la atención al paciente.
Los médicos y el personal de salud son la primera línea de contacto con los pacientes, pero cuando se discute acerca de la mejora de la salud pública, el enfoque suele estar en los recursos físicos y financieros, dejando de lado lo que sucede en las consultas y quirófanos. Es crucial preguntarse quién realmente está desempeñando su labor de manera correcta, quién requiere actualización en sus conocimientos y cómo se gestiona cuando un profesional ya no cumple con las expectativas.
En Bolivia, tanto las universidades públicas como las privadas han sido objeto de críticas respecto a la calidad de su formación médica. Los planes de estudio, junto con los procesos de titulación, también han sido cuestionados. Un título no asegura que un médico esté completamente preparado, y se añade una preocupación mayor: ¿quién evalúa la competencia de un médico años después de haber obtenido su licencia? La medicina evoluciona continuamente, y un título refleja solo una formación en un momento específico.
Los cuestionamientos sobre la formación de médicos en el extranjero, como los enviados a Cuba durante el gobierno de Evo Morales, también han suscitado debates sobre la validez y extensión de esos estudios. Más allá de esas discusiones, es vital establecer que todos los médicos, sin importar su origen educativo, deben demostrar su competencia mediante una evaluación continua que garantice una atención médica de calidad.
Se plantea la interrogante de si los hospitales públicos tienen claro cómo se está atendiendo a sus pacientes. No solo se trata de las estadísticas de atención, sino de conocer la efectividad de los diagnósticos, el cumplimiento de protocolos y los resultados de los tratamientos. Sin información precisa, la discusión sobre la calidad se basa más en percepciones que en datos concretos.
La creación de oficinas para evaluar a los médicos no garantiza una mejor atención. Aunque los exámenes pueden verificar conocimientos y las auditorías detectar irregularidades, no capturan la totalidad de las habilidades de un médico. La evaluación debería centrarse en aprender de los errores y mejorar, más que en encontrar culpables, y la auditoría médica debe ser un proceso continuo y no reactivo.
La incorporación de nuevos médicos al sistema público necesita ser revisada. Una evaluación a nivel nacional puede ofrecer una perspectiva sobre las competencias y conocimientos de los médicos, contribuyendo a elevar la calidad de la educación médica en el país. No se trata de reemplazar a las universidades, sino de identificar áreas de mejora.
Es importante cuestionar quién supervisa a quienes están encargados de hacer las evaluaciones. Cada nuevo sistema de control requiere de funcionarios y procedimientos que podrían generar más estadísticas sin traducirse en una mejora real en la atención. Si se prioriza la cantidad de pacientes atendidos por encima de la calidad, se corre el riesgo de celebrar cifras mientras se ignoran los estándares de atención.
Cuando la política entra en juego, el acceso a puestos médicos puede depender más de relaciones personales que del mérito, lo que afecta el desempeño y la calidad del servicio. Por lo tanto, es crucial que los profesionales del sistema público sean evaluados de manera objetiva y periódica, de forma que la permanencia se base en el rendimiento y no en favores políticos.
El Estado tiene la responsabilidad de proteger al paciente contra la desigualdad de información. Regular no implica necesariamente mejorar la situación. Un resultado adverso en la atención no siempre indica la incompetencia médica, ya que puede haber factores como falta de insumos o problemas organizativos. No obstante, también es importante que las deficiencias institucionales no sean un justificativo para la negligencia.
La salud pública en Bolivia necesita más que controles incrementales; es esencial contar con información útil, incentivos claros y consecuencias definidas. Los buenos profesionales deben ser reconocidos, quienes necesiten capacitación deben acceder a ella, y las fallas graves deben llevar a decisiones concretas. Las universidades deberían estar al tanto del rendimiento de sus graduados y los hospitales deben aprender de sus errores.
La pregunta crucial debe ser reformulada: no es suficiente indagar quién controla al médico tras obtener su título, sino cuestionar qué incentiva a un médico a mantener su calidad profesional a lo largo de su carrera y quién supervisa a quienes realizan las evaluaciones. Es momento de mirar más allá de los organigramas y enfocarse en los resultados, ya que la calidad no surge simplemente porque una autoridad lo disponga, sino cuando existen conocimiento, responsabilidad, información y consecuencias.