El Gobierno inicia reestructuración de empresas estatales tras fracaso en industrialización
El análisis de 66 empresas públicas revela pérdidas millonarias y baja productividad, lo que lleva al Estado a replantear su estrategia económica.
La administración del país avanza con un plan para reestructurar y, en algunos casos, disolver empresas estatales en Bolivia. Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), informó que se completó un diagnóstico exhaustivo de 66 entidades estatales, utilizando una metodología de evaluación internacional.
El informe técnico resultante ha sido enviado para revisión en la próxima sesión del Consejo Superior de la Empresa Pública (Coseep), donde se tomará una decisión sobre el futuro de estas empresas.
Según Camacho, el modelo de gestión anterior no cumplió con las expectativas y aseguró que la industrialización no ha traído los resultados esperados, dejando al país en una situación de desindustrialización.
El diagnóstico revela que un grupo de 15 empresas públicas ha reportado pérdidas millonarias. Ejemplos como Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) muestran que se invirtieron Bs 6.100 millones, pero solo opera al 14% de su capacidad.
Asimismo, la empresa azucarera San Buenaventura enfrenta problemas similares, produciendo entre el 35% y 40% de su capacidad debido a restricciones normativas que le impiden acceder a materia prima de otras regiones.
El informe también señala irregularidades en las administraciones y una infraestructura deficiente en varias plantas del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem). De más de 100 plantas, algunas solo funcionan como almacenes sin maquinaria.
Además, se han detectado deudas tributarias no reportadas que suman Bs 8.100 millones. Ante este panorama, el Estado ha decidido no transferir Bs 3.800 millones a entidades que no son viables.
El plan de ajuste considera la reorganización, fusión o disolución de empresas. La decisión final dependerá del análisis que realice el Coseep esta semana, y una vez se tomen decisiones, los ministerios tendrán 15 días para implementar las acciones necesarias, aunque se necesitará el respaldo de la Asamblea Legislativa para cerrar o reestructurar entidades creadas por ley.