FAM exige derogar decreto sobre el diésel; el Gobierno defiende su implementación

La Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia) ha solicitado al Gobierno que se derogue el Decreto Supremo 5676, que fija en 18 bolivianos el precio del diésel para grandes consumidores. Este pedido surge en medio de críticas sobre las consecuencias económicas que la norma podría generar.

En respuesta a esta situación, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió el decreto, indicando que su implementación es parte de compromisos que el país ha asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aramayo explicó que esta medida es necesaria para el proceso de ajuste y liberación de los precios de los hidrocarburos.

"El decreto mencionado por la FAM es uno de los condicionantes que tenemos gracias a los acuerdos con el FMI sobre la liberación de los precios de los hidrocarburos", señaló Aramayo en una reunión con representantes municipales.

Además, el ministro resaltó que el actual esquema de subsidios es insostenible para la economía del Estado, ya que implica una carga financiera significativa. Aseguró que mantener la subvención podría causar distorsiones en el uso de recursos públicos.

Durante este encuentro, el presidente de la FAM, Johnny Torres, expresó que la derogación del decreto es un reclamo unánime de los municipios, enfatizando el impacto directo que esta norma tiene en los costos operativos de los gobiernos locales y la economía general.

Torres pidió a Aramayo: "Por unanimidad, solicitamos la anulación del decreto que impone el precio de 18 bolivianos por litro a los Gracos".

La presión también proviene de sectores productivos, que advierten que el decreto podría elevar los costos de producción, repercutiendo en los precios finales para los consumidores. Productores de Santa Cruz y otras regiones han establecido un plazo hasta este domingo para que el Gobierno responda a su demanda, amenazando con organizar una Asamblea de la Cruceñidad si no hay respuesta.

Por último, Aramayo alertó sobre la situación fiscal del país, mencionando una "asfixia fiscal" que requiere una reevaluación en la gestión de recursos, así como en el modelo de autonomías, buscando criterios de eficiencia y sostenibilidad. "El debate no solo debe centrarse en porcentajes, sino en cómo generar riqueza. No podemos limitarnos a distribuir pobreza", concluyó.