Fiscal General de Bolivia en la mira: vetado por EE.UU. y cuestionado por minería ilegal
Roger Rider Mariaca, fiscal general del Estado, enfrenta serias acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico, tras ser vetado por Estados Unidos. Su reciente recepción de una cadena de oro de cooperativas mineras genera más polémica.
Roger Rider Mariaca Montenegro, quien asumió como fiscal general en octubre de 2024 con el apoyo mayoritario del MAS, ha sido señalado por el Departamento de Estado de EE.UU. como un individuo vetado debido a supuestos sobornos y conexiones con actividades ilícitas.
La inclusión de Mariaca en esta lista se basa en acusaciones de haber recibido sobornos que facilitarían actividades relacionadas con el narcotráfico. En respuesta, el Gobierno boliviano anunció que solicitará más información a Estados Unidos sobre esta decisión y las pruebas que la sustentan.
Además de las implicaciones internacionales, su gestión ha sido objeto de críticas locales. Apenas un mes después de asumir su cargo, el fiscal participó en una reunión con la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), donde recibió una cadena de oro como regalo, un hecho que ha levantado alertas sobre posibles conflictos de interés.
La entrega de este obsequio se dio el 8 de noviembre de 2024 durante un encuentro protocolar, en el que se reafirmó el apoyo a Mariaca por parte de la dirigencia minera. Sin embargo, esto ha generado un debate sobre la legalidad de tales acciones, dado que el artículo 147 del Código Penal prohíbe a los funcionarios aceptar regalos lujosos que puedan comprometer su imparcialidad.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) también ha manifestado su preocupación respecto al desempeño del Ministerio Público en la lucha contra la minería ilegal. Su director, Jaime Sanabria, ha señalado que la minería clandestina está infiltrada en esferas altas del poder, lo que pone en riesgo la labor institucional y la persecución de delitos relacionados con esta actividad.
Sanabria destacó que hay deficiencias en las acciones fiscales, con falta de apoyo en operativos y retrasos en las investigaciones de las denuncias, lo que dificulta que los procesos penales avancen hacia sanciones efectivas.