Fiscalía solicita detención de funcionario por cobros irregulares
Adrián I., un funcionario del Gobierno Municipal de Tarija, enfrenta una investigación por presuntos cobros ilegales a negocios a cambio de evitar sanciones. La Fiscalía ha apelado las medidas personales impuestas en su contra.
El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, anunció la apelación para revocar las medidas sustitutivas impuestas a Adrián I., un funcionario municipal, quien es investigado por realizar cobros ilegales a dueños de negocios para evitar multas y sanciones. La solicitud de detención preventiva se presentará mientras continúan las indagaciones.
Mogro criticó la escasa colaboración por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT), lo que llevó a la realización de allanamientos para recabar la documentación necesaria para el caso.
Detalles de la investigación
El 30 de julio, tras varias denuncias, la Policía arrestó a Adrián I., quien se desempeñaba como jefe de operativos. Se le acusa de exigir pagos indebidos a comercios con el fin de evitar sanciones.
La Fiscalía lo ha imputado por el delito de concusión, que implica aprovechar su cargo público para obtener beneficios personales. En su audiencia inicial, solo se le otorgaron medidas personales.
Mogro expresó su desacuerdo con la decisión judicial y confirmó que se está tramitando una apelación. En cuanto se defina una nueva fecha para la audiencia, se solicitará que se revoquen las medidas personales a favor del funcionario y se establezca su detención.
Adicionalmente, hay otras tres personas bajo investigación que podrían estar involucradas en la situación y han sido convocadas a declarar. Sin embargo, sus nombres no han sido revelados por el momento para proteger la investigación en curso.
Por último, Mogro mencionó la posibilidad de que el alcalde Jhonny Torres sea llamado a declarar, subrayando la falta de apoyo del GAMT en este proceso. Además, destacó que la alcaldía aún no ha solicitado ser parte en el caso, aunque enfatizó que los cobros irregulares perjudican las finanzas municipales.