FMI y Gobierno de Bolivia acuerdan medidas para proteger a los más vulnerables
Se busca evitar que las medidas económicas afecten aún más a las familias de bajos ingresos a través de un refuerzo en las redes de protección social.
El Gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han llegado a un acuerdo que incluye la implementación de estrategias para fortalecer las redes de protección social. Esta acción tiene como finalidad mitigar el impacto de las medidas de ajuste económico en las familias más desfavorecidas y los sectores vulnerables.
Según el acuerdo, el Ejecutivo deberá incrementar los recursos destinados a programas de apoyo social como parte de las reformas económicas acordadas. La meta es que la reducción del déficit fiscal y las acciones de ajuste no agraven la situación económica de quienes tienen ingresos limitados.
José Luis Porcel, secretario del Comité de Política Financiera de la Cámara de Diputados, hizo una comparación con el ex Fondo Social de Emergencia, creado por la Ley 211060, que buscaba atender los efectos de crisis económicas. Este tipo de estrategias tiene como objetivo suavizar las repercusiones de las reformas y evitar que la economía deteriorada genere más pobreza o descontento social.
El programa también se centra en mejorar la cobertura y precisión de los programas sociales, optimizar la efectividad de la ayuda estatal, disminuir la informalidad y crear más oportunidades laborales. Estas iniciativas son cruciales en un contexto donde los ajustes económicos pueden elevar la pobreza y provocar malestar social.
Porcel destacó que es esencial proteger los fondos destinados a sectores vitales como salud y educación durante esta fase de contracción económica. El acuerdo es parte de un programa de 36 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF), que contempla un respaldo financiero de aproximadamente $us 1.900 millones para apoyar las reformas del Gobierno de Rodrigo Paz.
El FMI además indica que este financiamiento podría facilitar el acceso a nuevos créditos de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de crear un paquete de financiamiento que alcance al menos $us 5.000 millones durante la vigencia del programa.
La situación actual de Bolivia incluye desafíos como déficits fiscales persistentes, una baja en la producción de hidrocarburos, disminución de reservas internacionales, alta inflación y distorsiones en los mercados cambiario y de productos. En respuesta a esta situación, el Gobierno ha lanzado un programa de reformas para restaurar la estabilidad económica y regular las cuentas públicas, así como reformar el sistema monetario y cambiario.
Uno de los compromisos del Gobierno es alcanzar un déficit fiscal de cero y mejorar la gobernanza y autonomía del Banco Central de Bolivia. Además, se contempla reformar el clima de negocios y fortalecer las instituciones para fomentar la inversión y el empleo.
El acuerdo también incluye estrategias para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, reforzar la contratación pública y combatir la corrupción. En este marco, las redes de protección social se perfilan como un elemento clave para amortiguar el impacto de las reformas económicas y proteger a los sectores más necesitados.