Gálvez urge a la Asamblea a tomar decisiones sobre la Fiscalía
La presión del Gobierno sobre la Asamblea Legislativa se intensifica con la situación del fiscal general aprehendido, Róger Mariaca, mientras se busca una solución en medio de la crisis institucional.
A pocas horas de la reunión en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Gobierno ha incrementado la presión sobre los legisladores para que definan el futuro del Ministerio Público, tras la aprehensión del fiscal general del Estado, Róger Mariaca. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, hizo un llamado a que la sesión de hoy no se limite a cuestiones formales y que se tomen decisiones claras sobre la dirección de la Fiscalía.
Gálvez enfatizó que "el país los necesita del lado correcto", indicando que la responsabilidad de los parlamentarios es decidir si se avanza hacia una reconstrucción institucional del Ministerio Público o si se permitirá la continuidad de un sistema que el Gobierno ha cuestionado.
La reunión de la Asamblea fue convocada para el viernes 2 de octubre, en un contexto de conflicto tras la detención de Mariaca y otros funcionarios del Ministerio Público. En este intervalo, Luis Wagner Montaño ha asumido el cargo de fiscal general en forma temporal, alegando que su nombramiento se ajusta a los procedimientos legales para evitar un vacío de poder. Sin embargo, el Gobierno no reconoce su designación y sostiene que es la Asamblea la que debe elegir al nuevo fiscal.
Gálvez también sugirió que la respuesta de la ALP debería ir más allá de un mero debate sobre procedimientos, planteando que lo primordial es tomar una decisión que permita la remoción temporal del fiscal general y otros funcionarios cuestionados, mientras se llevan a cabo los procesos legales pertinentes.
En sus declaraciones, el vocero mencionó que hay elementos que vinculan a algunos miembros de la Fiscalía con actividades relacionadas con el narcotráfico, una afirmación que forma parte de investigaciones en curso y que debe ser confirmada por las instancias adecuadas. Además, se refirió a rumores sobre presuntos sobornos a asambleístas durante la selección del anterior fiscal general, aunque no ofreció detalles específicos sobre estas acusaciones.
"Lamentablemente, los rumores sobre la elección del fiscal general anterior han resurgido, sugiriendo que se gestó a través de sobornos", expresó Gálvez. Esta situación marca un momento crítico en la disputa por el control del Ministerio Público, donde Montaño defiende su rol como fiscal general interino, mientras el Gobierno cuestiona la validez de su nombramiento.
Gálvez instó a los miembros de la ALP a que dejen clara su postura respecto a la situación de la justicia en el país, subrayando que el Gobierno seguirá firme en su lucha contra el crimen organizado. "Más de 11 millones de bolivianos estaremos observando el papel que desempeñarán los padres de la patria", concluyó, resaltando la importancia de la sesión de hoy para definir el futuro del Ministerio Público.