Gobierno interviene YPFB por fallas en su gestión
Ante problemas operativos, el Gobierno ha decidido intervenir Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por un plazo de 180 días, con el fin de mejorar la cadena de abastecimiento de combustibles.
El Gobierno ha autorizado la intervención temporal de YPFB, la empresa estatal de hidrocarburos, por un período inicial de 180 días. Esta decisión responde a deficiencias operativas que afectan la importación y distribución de combustibles en el país.
El Decreto Supremo 5697, que rige esta intervención, fue aprobado el 1 de septiembre y establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria. Esta comisión tiene como tarea el seguimiento de la gestión de YPFB durante la intervención.
La intervención puede extenderse una sola vez por 90 días adicionales si persisten las razones que llevaron a esta medida. Sin embargo, también se prevé la posibilidad de finalizar antes si se solucionan los problemas que justificaron la intervención.
Las deficiencias en la cadena logística que motivaron la intervención se consideran un riesgo para la seguridad energética y el interés público. Es importante aclarar que esta medida no implica la desaparición de YPFB ni cambios en su estructura legal.
La comisión estará compuesta por representantes de varios ministerios, incluyendo Economía, Hidrocarburos y Obras Públicas, y tendrá como prioridad la comercialización y logística de los combustibles. Su objetivo es detectar irregularidades como el contrabando y acopio indebido, así como establecer responsabilidades entre los empleados de YPFB.
Entre sus atribuciones, la comisión podrá sugerir auditorías y evaluar diversos procesos relacionados con la importación, distribución y comercialización de combustibles, con la meta de mejorar la eficiencia y transparencia de YPFB.
Se especifica que el personal de YPFB debe proporcionar toda la información solicitada por la comisión, y el incumplimiento de esta obligación podría acarrear sanciones administrativas o penales.
Finalmente, se destaca que la intervención no requerirá financiación adicional del Tesoro Nacional, ya que los costos serán cubiertos por los presupuestos de las instituciones que conforman la comisión.