GOBIERNO PROPONE EXTENDER EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN BOLIVIA
La administración actual planea prorrogar por 90 días el estado de excepción vigente desde junio, lo que podría posponer nuevamente la discusión sobre reformas constitucionales.
El Gobierno está considerando una extensión de 90 días del estado de excepción que se implementó en Bolivia desde el 20 de junio. Esta medida podría retrasar aún más el análisis de las reformas a la Constitución Política del Estado (CPE). Este jueves, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que ahora debe ser revisado por el pleno y, posteriormente, por la Asamblea Legislativa.
La importancia de esta decisión radica en que el artículo 140 de la CPE impide la iniciación de cualquier reforma constitucional mientras el estado de excepción esté en vigor. Por lo tanto, al prorrogarse esta medida, los proyectos de modificación quedarían congelados de nuevo.
El estado de excepción fue declarado tras 53 días de protestas y bloqueos sociales en el país. Según el Gobierno, persisten riesgos de nuevas movilizaciones que podrían desestabilizar la situación. El diputado oficialista Alejandro Medinaceli mencionó que la ampliación del estado de excepción tiene como objetivo asegurar la estabilidad alcanzada después de los conflictos recientes.
Sin embargo, la decisión ha generado reacciones críticas. Jorge Quiroga, líder de Libre, comentó que la extensión del estado de excepción implicaría una demora de tres meses más en la discusión de reformas que considera urgentes. "Prorrogar y ampliar por tres meses un estado de excepción (…) significa ya no solamente 10 meses, sino tres meses más de no tratar lo imprescindible", afirmó.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció sobre este tema, advirtiendo que el estado de excepción es una herramienta temporal que no aborda las causas subyacentes de la conflictividad en el país, como los altos precios de los combustibles y el costo de vida.
Así, mientras el Gobierno busca mantener el control ante la posibilidad de nuevas protestas, la reforma de la Constitución se ve nuevamente atrapada en un contexto de tensión política.