Investigación sobre 'gasolina basura' involucra a exfuncionarios de Arce y Paz
El diputado Carlos Alarcón reveló que un informe de la Cámara de Diputados apunta a responsabilidades en las gestiones de Luis Arce y de la actual administración por el escándalo de la 'gasolina basura'.
Carlos Alarcón, diputado y miembro de la comisión que investiga el caso de la 'gasolina basura', destacó que el informe elaborado por este grupo sugiere que hay responsabilidades que abarcan tanto a las autoridades del gobierno de Luis Arce como a funcionarios actuales.
El documento se presentará en los próximos días ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde se decidirá el futuro de la investigación relacionada con la calidad del combustible y los contratos pertinentes.
Alarcón mencionó que entre los posibles implicados se encuentran el exmandatario Luis Arce Catacora, así como los exministros Mauricio Medinaceli y Gallardo, además de exejecutivos de YPFB como Wilson Dorgathen.
"Es evidente que ambas gestiones tienen un grado de responsabilidad en este asunto", manifestó el legislador, quien también cuestionó a la presidenta de la comisión, Ximena Arispe, por la manera en que ha manejado el informe. "Si desea ignorar las conclusiones, tendrá que justificar su decisión", agregó.
Uno de los puntos críticos que Alarcón destacó es el contrato firmado entre YPFB y la empresa Ditol durante la gestión de Dorgathen. Aseguró que este contrato fue modificado en cuatro ocasiones bajo el gobierno de Arce y que fue ampliado nuevamente por el actual gobierno el 17 de diciembre de 2025, coincidiendo con el levantamiento de la subvención a los combustibles.
El diputado cuestionó por qué se optó por ampliar un contrato que debió haberse dejado caducar en ese momento, sugiriendo que se debieron buscar alternativas de abastecimiento más adecuadas a las nuevas condiciones del mercado.
Alarcón también señaló que el contrato, que se extiende hasta el 30 de junio de 2026, ha perpetuado la provisión de combustible relacionada con el escándalo de la 'gasolina basura', lo que plantea serias inquietudes sobre el manejo de los contratos de importación de hidrocarburos en Bolivia.
Este caso es de gran relevancia económica, ya que afecta a YPFB, la principal empresa estatal en el sector, y tiene un impacto directo en el abastecimiento de combustibles, un factor clave en la economía nacional. Ahora, la Cámara de Diputados deberá evaluar las conclusiones y decidir si se establecerán responsabilidades políticas o administrativas en torno a este conflicto.