La Asamblea se prepara para debatir la Ley de Inversiones en medio del Estado de Excepción
El debate sobre la Ley de Inversiones se inicia en un contexto complicado con la posible extensión del Estado de Excepción y la llegada de un acuerdo con el FMI.
Este martes 11 de agosto, la Asamblea Legislativa Plurinacional comenzará a discutir la Ley de Inversiones, justo cuando se intensifican las discusiones sobre la ampliación del Estado de Excepción. Esta coincidencia no es casual, ya que el oficialismo busca respaldar la prórroga del decreto que está vigente desde el 20 de junio.
El Estado de Excepción, que tiene una duración de 90 días y aún cuenta con 38 restantes, ha permitido la desactivación de bloqueos que afectaban la circulación en varias regiones, especialmente en La Paz. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas han intervenido y algunos líderes han sido arrestados, lo que ha contribuido a estabilizar la situación en las carreteras.
En este contexto, se han tomado decisiones sobre la política cambiaria, donde el tipo de cambio del dólar, que se había mantenido fijo en 6,96 durante más de quince años, ha comenzado a fluctuar y ahora se aproxima a los 12 bolivianos. Además, la población sigue enfrentando largas filas para obtener combustible, mientras se anticipa un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuya aprobación se considera segura, aunque se desconocen los detalles.
Por otro lado, el texto de la nueva Ley de Inversiones aún no se ha compartido con los parlamentarios, pero se espera que esté influenciado por el Decreto Supremo 5503, que fue retirado tras recibir críticas de la ciudadanía. Este decreto proponía mecanismos de tramitación rápida para inversiones, incluyendo sectores estratégicos y eludir ciertos informes, lo cual generó un fuerte rechazo.
Se prevé que la nueva ley reconozca a los tribunales de la OCDE para resolver disputas y ofrezca incentivos para la inversión, como la reducción o congelación de impuestos. Sin embargo, estos cambios podrían estar ligados a la creación de empleo y el volumen de inversión real.
El Estado de Excepción impone restricciones al derecho de reunión y manifestación, lo que ha generado especulaciones sobre su uso para abordar situaciones complejas, como la posible aprehensión de Evo Morales. Mientras algunos legisladores apoyan la ampliación del decreto, otros, como Gabriel Corvera, presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, han rechazado esta idea, argumentando que la normalización del Estado de Excepción no puede ser la respuesta a la gestión de crisis.
El sector del transporte, que ha estado sintiendo fuertemente la escasez de combustible, ha expresado su descontento y ha amenazado con movilizaciones. Gabriel Pérez, dirigente de la Federación Departamental del Autotransporte de Tarija, ha indicado que el 10 de septiembre se llevará a cabo una movilización nacional para decidir sobre acciones futuras.