La OEA llama a la unión y el diálogo en Bolivia
La misión de la OEA en Bolivia presentó un informe que resalta la necesidad de diálogo y cohesión social, además de ofrecer nueve recomendaciones para fortalecer la democracia en el país.
La Misión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitó Bolivia el 29 y 30 de julio y ha presentado ante el Consejo Permanente un informe que incluye los hallazgos de su visita y solicita un enfoque hacia el diálogo y la estabilidad social. La misión, compuesta por representantes de países como Argentina, Canadá y Estados Unidos, se reunió con diversas autoridades y sectores de la sociedad civil después de los intensos 53 días de bloqueos en el país.
El informe destaca un consenso en la preservación del orden democrático y constitucional de Bolivia, subrayando la importancia de respetar los resultados de los procesos electorales sin buscar alteraciones fuera de los mecanismos establecidos por la normativa. La misión enfatizó la necesidad de un diálogo inclusivo entre el Gobierno y todos los sectores de la población, con el objetivo de superar la polarización y fomentar la cohesión social.
Recomendaciones de la OEA para Bolivia.
- Promover un acuerdo amplio que respete los mandatos democráticos y constitucionales.
- Crear un mecanismo constante de diálogo que incluya a diversos sectores sociales.
- Establecer un marco de entendimiento que prevenga conflictos y proteja derechos fundamentales.
- Fomentar la participación de organizaciones sociales en la creación de leyes.
- Garantizar el derecho a la protesta pacífica y proteger otros derechos esenciales.
- Analizar medidas para apoyar la recuperación económica y atraer inversiones.
- Fortalecer la libertad de prensa y el acceso a la información pública.
- Profundizar en investigaciones sobre actos de violencia y garantizar el debido proceso.
- Reforzar la capacidad de la Defensoría del Pueblo para manejar crisis y promover transparencia en la justicia.
La OEA también enfatizó que el diálogo y la protesta social son compatibles con la responsabilidad de proteger la democracia y los derechos de la población. Este enfoque busca asegurar que las acciones de protesta no pongan en riesgo la vida de otros ni interrumpan el acceso a servicios esenciales.