Las instituciones de salud en Bolivia: un poder no elegido

Bolivia sufre un problema significativo en su sistema de salud: la captura de las instituciones por grupos que han encontrado formas de transformar las debilidades del Estado en oportunidades de control. Este escenario es alarmante, ya que el impacto negativo no solo se refleja en informes, sino en pacientes que deben esperar, diagnósticos retrasados y equipos inoperantes, haciendo que las familias se den cuenta, a menudo demasiado tarde, de que los hospitales públicos no están preparados para atender sus necesidades.

El argumento de que la salud en el país carece de recursos ya no es suficiente para explicar la situación. A pesar de que muchos ciudadanos siguen enfrentando servicios abarrotados y una burocracia que a menudo proporciona más excusas que soluciones, surge una pregunta crítica: ¿quién realmente decide en el sistema de salud?

No se necesita imaginar una conspiración para comprender el problema. Solo es necesario observar el funcionamiento de diversas instituciones donde el poder se concentra, los controles se debilitan y las responsabilidades se distribuyen entre muchos. El Ministerio de Salud, las SEDES, los municipios, las cajas, los hospitales y los sindicatos tienen roles distintos. En este entramado, a menudo las decisiones dependen de contactos personales, favores y acuerdos, dejando de lado las normativas establecidas.

Un caso emblemático es el de la Caja Nacional de Salud (CNS), que ha sido escenario de situaciones que deberían haber generado mayor debate. En 2023, el Ministerio de Salud denunció la existencia de una supuesta red en Cochabamba que ofrecía ítems y contratos a cambio de pagos que alcanzaban hasta 3.000 dólares por cargos de enfermería. Aunque una denuncia no equivale a una condena, si una posición pública se convierte en un bien comercial, el problema trasciende lo moral: afecta a la institución en su conjunto.

En 2025, otro dato alarmante salió a la luz: la Procuraduría informó sobre una sentencia contra dos funcionarios de la CNS por una compra irregular de equipamiento para un hospital en El Alto, que implicó un perjuicio económico de 54,37 millones de bolivianos. Ante la repetición de irregularidades en contrataciones y adquisiciones, la pregunta se transforma: ¿por qué los controles permitieron que esto sucediera? Una institución que falla en su supervisión termina sufriendo dos veces: perdiendo dinero y la confianza del público.

Un desafío similar se presenta en la formación de especialistas. Cada puesto requiere años de estudio y debería asignarse en función del conocimiento y los méritos. Sin embargo, las dudas sobre los procesos de admisión llevaron a la implementación de controles adicionales. En 2025, se acordó realizar una auditoría externa en La Paz y, para 2026, el Ministerio decidió recurrir a otra evaluación externa. Cuando el mérito necesita controles extraordinarios, es evidente que la confianza ha disminuido considerablemente.

El problema se agudiza cuando la movilización de ciertos grupos influye en las decisiones administrativas. Un sindicato podría negociar salarios y condiciones laborales, pero no debería actuar como una oficina paralela de recursos humanos. Cuando una institución precisa la aprobación de un sindicato para funcionar, la autoridad formal se ve desdibujada. Cuando la autoridad se convierte en algo meramente decorativo, otros están tomando las decisiones.

Las organizaciones profesionales también juegan un papel crucial en este contexto. No se puede permitir que la pertenencia a una red, amistades o relaciones personales pesen más que la preparación académica. Un especialista debe competir por un puesto basándose en sus credenciales, no en su agenda de contactos. Si los jóvenes llegan a la conclusión de que el estudio importa menos que tener conexiones, esto perjudica gravemente la cultura profesional. Una cultura que prioriza los favores solo puede deteriorar la calidad del servicio brindado.

En cuanto a la infraestructura, la situación es preocupante. Inaugurar un hospital puede generar muchas fotos y discursos, pero hacer que funcione adecuadamente es menos atractivo. La Contraloría reportó en 2026 que el Hospital Gíneco-Obstétrico y Neonatal de Sucre utilizaba solo el 37,16% de su capacidad en ginecología, el 14,11% en neonatología y el 38,53% en genética. Esta disparidad entre lo construido y lo utilizado plantea un interrogante: ¿por qué un hospital con capacidad tan limitada no brinda los servicios esperados?

Además, se presenta un conflicto que demanda reglas claras: la relación entre el empleo público y la actividad privada. El problema surge cuando un puesto financiado con recursos públicos se utiliza para atraer pacientes hacia servicios privados. Un hospital público no debería ser la puerta de entrada a un negocio privado. Cuando se rompen estas barreras, los intereses particulares desplazan al servicio público, y el costo recae sobre el ciudadano.

Por lo tanto, el problema no radica en los médicos, enfermeras, funcionarios o proveedores. El verdadero desafío se presenta cuando cualquiera de estos grupos se comporta como dueño de una institución que es de todos. Ahí es donde emergen las camarillas: cuando las reglas no son las que rigen y las redes deciden quién entra, quién se queda, quién compra, quién contrata y quién se beneficia. La institución puede mantener un organigrama, pero el poder real fluye por otros canales.

Bolivia necesita evaluar su política sanitaria en función de resultados, no solo por hospitales inaugurados o presupuestos ejecutados. Es esencial considerar cuánto tiempo espera un paciente, qué equipos están operativos, cuántos puestos se asignan por méritos y qué resultados obtiene cada hospital. Cambiar a los líderes tras cada escándalo es insuficiente si las reglas permanecen sin alteraciones. Las personas pueden pasar, pero las redes permanecen. Y estas redes comprenden algo que muchas autoridades aún no han captado: el poder puede sobrevivir a quienes ocupan los cargos.

La tragedia real radica en normalizar el fracaso en el sistema de salud. Mientras las redes mantengan su influencia, los escándalos serán temporales y el cambio de autoridades no resolverá el problema. Los pacientes seguirán en la espera, los recursos seguirán desperdiciándose y las instituciones responderán más a intereses internos que a las necesidades de la ciudadanía. Cuando las redes reemplazan a las reglas, el sistema deja de ser una herramienta al servicio del ciudadano y se convierte en una entidad que busca su propia protección.