Los peligros del extractivismo en áreas protegidas de Bolivia
El gobierno boliviano prioriza políticas extractivistas, lo que representa un riesgo creciente para las reservas naturales, según expertos.
En una reciente entrevista en el programa de Radio y Televisión Andalucía, Jorge Campanini, representante del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), advirtió sobre el enfoque extractivista que ha adoptado el gobierno boliviano en medio de una crisis económica.
Campanini mencionó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco está llevando a cabo operaciones en Churumas, donde posee tres pozos y una línea que conecta hasta San Alberto, todo en pleno corazón de la reserva natural de Flora y Fauna de Tariquía.
El experto destacó que, aunque Tariquía goza de una categoría de área intangible, el gobierno ha modificado su estatus para facilitar proyectos hidrocarburíferos. Aseguró que el Plan de Manejo 2000-2004 fue sustituido con cambios significativos que afectan directamente la protección de la zona.
Además de YPFB, también se menciona la amenaza de Petrobras, que está explorando el pozo Domo Oso-X3. Campanini subrayó que el Plan de Manejo 2015-2025 ha sido cuestionado debido a la falta de participación de las comunidades y organizaciones, lo que ha provocado su deslegitimación.
Impactos y falta de supervisión del Estado
El investigador indicó que ha habido un deterioro en la protección de Tariquía, ya que las áreas que anteriormente estaban destinadas a su conservación han disminuido. Además, destacó que las operaciones extractivas tienen impactos negativos en el medio ambiente, varios de los cuales han sido identificados en estudios de impacto ambiental realizados por las propias empresas.
Campanini también denunció que exmonitores ambientales de Chaco reportaron incidentes de derrames en Tariquía, evidenciando la falta de capacidad del Estado para supervisar adecuadamente las actividades de las empresas petroleras.
El especialista propuso la necesidad urgente de revisar la normativa ambiental, que actualmente no aborda temas cruciales como la minería del litio o el fracking, que ahora están en el centro del debate en el sector hidrocarburífero.
Por último, Campanini lamentó que la consulta previa a las comunidades, estipulada por normativas como el convenio 169 de la OIT, se ha interpretado erróneamente como un mero trámite administrativo, en lugar de un ejercicio de derechos. Según él, esto ha llevado a la aprobación de proyectos sin el debido consentimiento de los afectados.