Ministro Gabriel Espinoza enfrenta crecientes demandas por su destitución ante denuncias de irregularidades fiscales
Las acusaciones contra el ministro Espinoza apuntan a múltiples delitos vinculados a su declaración patrimonial, lo que ha generado un clamor por su salida del cargo.
Recientes denuncias han intensificado las presiones para que el ministro Gabriel Espinoza sea destituido. Estas acusaciones están relacionadas con presuntas irregularidades en su declaración jurada, que incluyen la subvaluación de un documento de transferencia y la omisión de bienes.
Según las leyes bolivianas, los actos que se le atribuyen a Espinoza podrían configurarse como varios delitos, desde falsedad en su declaración hasta evasión fiscal. Específicamente, su caso podría incluir los siguientes ilícitos:
En primer lugar, se le acusa de falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, un delito que se sanciona cuando un funcionario público falsea o no incluye información relevante sobre su situación patrimonial. En el caso de Espinoza, se señala que no mencionó un vehículo que poseía previamente y que su patrimonio declarado no corresponde con la realidad.
Adicionalmente, se investigan aspectos de falsedad ideológica y el uso de documentos falsificados. Este delito se presenta cuando se introducen declaraciones incorrectas en documentos públicos, lo cual podría estar relacionado con el registro de un precio muy por debajo del valor real en un documento notarial, afectando la veracidad de la transacción.
Otro punto crítico es la posible evasión fiscal, ya que se le acusa de subvaluar intencionadamente bienes en actos de transferencia para evadir el pago de impuestos correspondientes. Declarar un valor significativamente menor al de mercado para evitar el pago de tributos es un indicio claro de defraudación.
Finalmente, también se menciona la posibilidad de enriquecimiento ilícito. Se indaga sobre el origen de su patrimonio en relación a sus ingresos oficiales, en especial por la posesión de vehículos de lujo que no se justifican con sus declaraciones.
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) podría iniciar un proceso de control financiero para esclarecer estos puntos, lo que podría complicar aún más la situación del ministro.