Nueva ley asegura pasajes aéreos solidarios para pacientes con cáncer
La Ley N.º 1780, firmada por el presidente Rodrigo Paz, garantiza pasajes aéreos para pacientes con cáncer y condiciones críticas que requieran atención médica fuera de su ciudad.
El presidente Rodrigo Paz promulgó el 20 de octubre de 2026 la Ley N.º 1780, la cual facilita el acceso a pasajes aéreos solidarios, tanto nacionales como internacionales, destinados a pacientes con cáncer, enfermedades terminales o en estado crítico que deban trasladarse para recibir tratamiento médico.
Este beneficio se otorgará a aquellos pacientes que cuenten con un certificado emitido por la autoridad de salud competente. Además, se contempla la posibilidad de que un acompañante pueda viajar con el paciente, y hasta dos si se trata de menores de edad.
Obligaciones de las aerolíneas y condiciones de viaje
La normativa requiere que las aerolíneas reserven espacios suficientes para los beneficiarios y sus acompañantes, cumpliendo con las necesidades específicas de cada paciente. También deben ofrecer condiciones adecuadas para asegurar un traslado cómodo y seguro.
Las compañías aéreas están obligadas a emitir los pasajes con anticipación, de acuerdo a la fecha de la consulta médica, y no podrán negar la emisión de boletos sin justificación, respetando lo estipulado en la Ley General del Transporte.
Para acceder a estos pasajes solidarios, los pacientes necesitarán presentar un certificado médico, ya sea en formato físico o digital, de hospitales especializados, que será validado rápidamente por la autoridad de salud más cercana, garantizando un proceso ágil.
Incentivos y sanciones
Además, la ley ofrece incentivos fiscales a las aerolíneas que brinden estos pasajes, permitiendo que consideren el costo como gasto deducible para el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). Sin embargo, los beneficiarios deberán pagar el Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior (ISAE) y otros tributos aplicables.
Las aerolíneas que no cumplan con lo establecido en la ley enfrentarán sanciones por parte de las autoridades competentes. Asimismo, cualquier irregularidad en los certificados médicos será reportada al Ministerio Público para iniciar acciones legales contra las partes implicadas.
Finalmente, se establece un plazo de 30 días, a partir de la publicación de la ley, para que el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, elabore las reglamentaciones necesarias para su implementación.