Nuevo precio del diésel genera preocupación sobre inflación
La reciente decisión del Gobierno de fijar un precio de diésel para grandes consumidores ha levantado alarmas en diferentes sectores, que advierten sobre posibles aumentos en sus costos de operación.
El Gobierno de Bolivia ha establecido un nuevo precio de 18 bolivianos por litro de diésel para grandes consumidores, lo que ha causado malestar en diversos sectores como choferes, vecinos y campesinos. A pesar de que el Ejecutivo asegura que esta medida no impactará en los precios de los productos básicos, se ha anunciado que muchos revisarán sus tarifas debido a la confusión generada alrededor de los términos utilizados para definir a los distintos tipos de consumidores de diésel.
La regulación, formalizada mediante el decreto 5676, afecta a las empresas consideradas "Gracos", que son grandes contribuyentes del sistema impositivo, y a industrias con alta demanda de diésel que no utilizan surtidores, como las grandes mineras y agroindustrias. Aunque inicialmente se aplicará a grandes volúmenes, el decreto también menciona a los "usuarios directos" que consumen entre 120 y 5,000 litros mensuales, complicando el entendimiento de estas categorías.
La Asociación de Surtidores (Asosur) había indicado que la carga de combustible fuera de tanque se limitaría a 120 litros mensuales, manteniendo el precio de 9.80 bolivianos por litro. Sin embargo, esta medida no ha satisfecho a todos los sectores involucrados, y la incertidumbre persiste respecto a cómo se verá afectado el costo de los productos finales.
Justificaciones del Gobierno
Las autoridades justifican el cambio al señalar que busca desincentivar el contrabando y que las grandes empresas ya estaban pagando precios similares en el mercado negro. El nuevo ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, mencionó que el ajuste no debería repercutir en la canasta familiar, ya que los grandes consumidores ya adquirían el diésel a precios que oscilaban entre 19 y 25 bolivianos por litro, aunque se espera que el costo sea variable dependiendo de los precios internacionales de importación.
Además, se prevé que la nueva metodología de cálculo del precio incluya costos de logística y otros factores relacionados con la importación. El Ministerio de Hidrocarburos tendrá un plazo de cinco días hábiles para aprobar este nuevo sistema, que promete transparentar los precios y abrir la puerta a la participación del sector privado en el mercado de combustibles.
En Santa Cruz, se han acordado acciones para abordar la crisis de abastecimiento de combustibles, que incluyen la publicación diaria de un cronograma de despachos de diésel y gasolina. El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, se comprometió a garantizar el suministro y a resolver las largas filas que se han formado en las estaciones de servicio. Las reuniones continuarán para evaluar los avances en la implementación de estas medidas.