Proponen reformar la censura en la Asamblea Legislativa
La destitución del exministro de Economía genera dudas sobre el mecanismo de censura y su interpretación legal en el país.
La reciente destitución del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ha desatado un debate sobre el mecanismo de censura en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Esta situación se originó tras la sesión del pasado martes, donde Espinoza no se presentó para responder a un pliego interpelatorio, lo que llevó a los legisladores a aprobar su censura mediante un decreto presidencial.
El exministro justificó su falta argumentando compromisos de trabajo en Santa Cruz y Brasil, lo que fue rechazado por los asambleístas. La votación a favor de la censura resultó en 91 votos positivos, 34 en contra y cuatro abstenciones, aunque surgió una controversia sobre la cantidad de votos requeridos para la censura.
El presidente del Senado, Diego Ávila, advirtió que la Constitución establece que se necesitan dos tercios de los 166 miembros de la ALP para aprobar tal medida, lo que implica un mínimo de 111 votos. A pesar de esta discrepancia, el Ejecutivo procedió con la destitución de Espinoza y designó a Óscar Mario Justiniano Pinto como ministro interino.
La controversia ha puesto en evidencia las ambigüedades existentes entre la Constitución y el reglamento de la ALP. Algunos asambleístas cuestionan que un mecanismo de control como la censura requiera una mayor cantidad de votos que aquellos necesarios para modificar la propia Constitución.
Carlos Alarcón, un diputado de la alianza Unidad, reconoció que el propio Legislativo ha contribuido a esta confusión y propuso una revisión urgente del reglamento de debates de la Cámara de Diputados. La meta es establecer claramente que los dos tercios requeridos para las interpelaciones se calculen solo sobre los presentes en la sala durante la votación.
Alarcón resaltó que esta dualidad en los criterios de votación ha llevado a un vacío normativo que debe ser corregido para evitar el descrédito de la institución. Con esta propuesta de modificación, se busca agilizar los procesos de fiscalización y evitar que las minorías bloqueen decisiones importantes del Estado.