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Policial

Riesgo de nueva ola de protestas en Bolivia

El Gobierno señala a Senkata, el Trópico de Cochabamba y ciertas áreas de Santa Cruz como focos de potencial conflicto, tras la presentación de informes de inteligencia sobre la situación actual.

Mónica Arancibia · 17 Sep 2026 · 2 min de lectura

En el marco de la discusión sobre la extensión del estado de excepción, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló que se han identificado a Senkata, el Trópico de Cochabamba y varias localidades en Santa Cruz como las principales zonas de riesgo de nuevas movilizaciones y bloqueos.

Oviedo indicó que se prevé una posible reactivación de protestas a partir del 18 de septiembre en lugares como San Julián, Yapacaní y el área del puente San Pablo, que delimita Santa Cruz y Beni. Además, mencionó que desde el Trópico se estarían organizando "activistas" para impulsar movilizaciones en otras regiones, aunque no se ofrecieron detalles concretos sobre estos grupos.

Para respaldar la solicitud de prórroga del estado de excepción, el Gobierno presentó un total de 12 informes técnicos, de los cuales ocho provienen de la Policía, dos del Ministerio de Gobierno, uno del Ministerio de Defensa y uno de las Fuerzas Armadas. Según Oviedo, estos documentos evidencian amenazas y la existencia de bloqueos activos en diferentes regiones del país.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, evaluó el nivel de riesgo como "muy alto" en Santa Cruz, "alto" en La Paz, El Alto y Cochabamba, y "medio-alto" en otros departamentos. El Ejecutivo utilizó esta información para justificar la prolongación del estado de excepción, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa por 100 votos a favor.

La decisión de extender esta medida, que sigue a 53 días de bloqueos ocurridos entre mayo y junio, es vista por el Gobierno como una respuesta necesaria ante el actual clima de tensión. Sin embargo, diversos sectores sociales y legisladores han cuestionado la necesidad de esta prórroga, sugiriendo que el Ejecutivo debería enfocar sus esfuerzos en promover el diálogo y atender las demandas económicas y sociales de la población.