Roxana Lizárraga se distancia del caso Cerimedo y denuncia ataques en su contra
La exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, manifiesta su disposición a asumir responsabilidad por sus actos y rechaza cualquier vinculación con el caso de Fernando Cerimedo, mientras denuncia una campaña de desprestigio en redes.
Roxana Lizárraga, quien fue ministra de Comunicación durante el gobierno de Luis Arce, se ha manifestado abierta a rendir cuentas por sus acciones en los procesos legales que enfrentó, al mismo tiempo que ha desmentido cualquier relación con Fernando Cerimedo, persona bajo investigación.
La exministra reaccionó ante publicaciones en redes sociales que intentan vincularla con Cerimedo, basándose en que su expareja, el abogado Ramiro Vega, se encarga de su defensa. Lizárraga ha negado de manera contundente cualquier conexión, ya sea profesional, económica o política, con Cerimedo o Nadia Beller.
"Estoy lista para responder por cada uno de mis actos. Lo hice como periodista, lo hice como ministra y lo haré ahora como ciudadana", expresó Lizárraga, resaltando su disposición para encarar los procedimientos legales abiertos en su contra.
Lizárraga también compartió que, tras conocer más sobre el caso, fue ella quien decidió que Vega se retirara de su defensa, considerando que la situación era mucho más compleja y peligrosa de lo que pensaba inicialmente.
Asimismo, la exministra denunció que está siendo objeto de una campaña de desprestigio, señalando que se están difundiendo de manera sesgada procesos que se iniciaron durante la gestión del MAS. Anunció su intención de conservar pruebas para identificar a los responsables de esta difamación.
Como antecedente, Lizárraga recordó que en 2024 fue condenada en un caso relacionado con movimientos bancarios de 2019 y 2020, el cual considera una persecución política. Aseguró contar con la documentación necesaria para respaldar sus apelaciones.
"Deseo regresar a Bolivia y quiero hacerlo con mi nombre limpio", concluyó, pidiendo que se revisen las causas abiertas durante lo que calificó como un periodo de "instrumentalización política de la justicia", con independencia y respeto al debido proceso.