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Sociedad

SADES investiga posibles parentescos entre funcionarios de salud

La Gobernación de Chuquisaca identificó a cerca de 200 trabajadores del Sedes que presentarían incompatibilidades laborales por vínculos familiares o de afinidad.

Valeria Padilla · 8 Oct 2026 · 2 min de lectura

Unos 200 empleados del Servicio Departamental de Salud (Sedes) han sido señalados por la Jefatura de Transparencia de la Gobernación de Chuquisaca, debido a posibles incompatibilidades en su puesto de trabajo relacionadas con lazos familiares o afectivos. Los detalles de la investigación han sido enviados a la autoridad sumariante para determinar si hay alguna responsabilidad administrativa.

Adrián Zárate, jefe de Transparencia, comunicó que la mayoría de los casos involucra al personal de salud, incluidos médicos, enfermeras y otros profesionales que desempeñan funciones en diferentes hospitales de la región. "Las incompatibilidades se relacionan con vínculos como hermanos, padres e hijos, y cónyuges, entre otros", explicó Zárate.

De los funcionarios notificados, aproximadamente 190 han presentado sus descargos, argumentando que obtuvieron sus posiciones a través de concursos de méritos o exámenes. Sin embargo, Zárate aclara que estas justificaciones no eliminan la posibilidad de incompatibilidad, lo que significa que cada caso será revisado de manera individual por la autoridad correspondiente.

Durante la investigación, se ha observado que cerca de 10 personas abandonaron la institución por terminar sus contratos o por renuncias. La autoridad sumariante deberá decidir si se debe investigar la situación de estas personas durante el tiempo que estuvieron en sus cargos.

Zárate también mencionó que algunos de los casos de incompatibilidad son de años anteriores, e incluso pueden datar desde 1999 y 2000, y que el informe abarca incorporaciones hasta 2025. Se advierte que si una incompatibilidad persiste mientras la persona sigue en su cargo, podría considerarse como una infracción continua.

La investigación comenzó tras una denuncia en junio, con un plazo inicial de 45 días hábiles que fue extendido por otros 45 días para recibir la documentación necesaria. Ahora las autoridades sumariantes tendrán que analizar cada caso y emitir resoluciones sobre la posible responsabilidad y si se requiere la desvinculación de algún funcionario.

Zárate también aclaró que el trabajo de Transparencia no es determinar culpabilidades ni decidir sobre la salida de los funcionarios, sino remitir los antecedentes para que sean procesados. Además, la Gobernación llevará un seguimiento mensual de los casos y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.