Transportistas exigen soluciones al Gobierno en 15 días por falta de diésel
El sector del transporte pesado ha dado un ultimátum al Gobierno para que solucione el desabastecimiento de diésel y el mal estado de las carreteras, que están afectando gravemente sus actividades económicas.
Los transportistas pesados han fijado un plazo de 15 días al Gobierno para que aborde el problema del desabastecimiento de diésel y el deterioro de las carreteras, situaciones que están obstaculizando su trabajo y provocando pérdidas económicas significativas.
Los dirigentes del sector manifestaron que las autoridades no han cumplido con los acuerdos previos y anunciaron que, tras el levantamiento del estado de excepción, tomarán medidas de presión. Uno de los representantes del transporte comentó que, ante la situación actual, no tendrán más opción que actuar con firmeza, ya que sus compañeros no pueden realizar sus labores.
Domingo Ramos, líder del transporte pesado, expresó su frustración por tener que “mendigar combustible” y advirtió que si no obtienen respuestas dentro del plazo establecido, el sector se declarará en quiebra nacional, lo que implicaría la imposibilidad de pagar peajes e impuestos. Ramos mencionó que las reuniones con el Gobierno no han servido de nada, ya que no han logrado avances sustanciales.
Los transportistas afirmaron que la escasez de diésel ha reducido drásticamente la cantidad de viajes que pueden hacer mensualmente. Anteriormente, un vehículo pesado podía realizar hasta tres viajes al mes, pero ahora muchos apenas logran completar uno o uno y medio debido a las largas filas para abastecerse.
Además de la crisis de combustible, el sector también se queja por el mal estado de las carreteras, la falta de mantenimiento y el aumento en los precios de los repuestos. Ramos solicitó que se regulen los fletes y que se atiendan las rutas descuidadas, señalando que los accidentes en carreteras como La Paz–Oruro están ligados a estas condiciones.
Por otro lado, el transporte libre también ha anunciado que presentará denuncias por supuestas irregularidades en la importación de combustibles, en especial respecto a la gasolina de mala calidad. Los dirigentes del sector sostienen que tienen documentación que evidenciaría contradicciones entre los informes de YPFB, la ANH y la Comisión Investigadora de Diputados, exigiendo una investigación sobre las malas decisiones y compras realizadas.