Zapatero solicita excluir sus actividades en Bolivia del caso Plus Ultra
El exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a la justicia de su país que se limiten las investigaciones sobre sus gestiones en Bolivia, en el marco del caso Plus Ultra, argumentando que se están vulnerando sus derechos judiciales.
José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno español, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que se excluyan sus actividades en Bolivia de la investigación del caso Plus Ultra. La defensa argumenta que el juez José Luis Calama ha sobrepasado los límites al permitir que se investiguen sus gestiones en el país andino, vinculadas a un posible cobro ilícito de 200.000 euros.
El abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, sostiene que el informe policial que indaga sobre estas actividades representa una violación de las garantías judiciales del exmandatario. En su apelación, se argumenta que no existen pruebas suficientes para justificar la ampliación de la investigación a sus actividades en Bolivia, señalando que la acusación de una supuesta red delictiva es falaz.
Perspectiva legal y alegaciones
La defensa alega que la línea de investigación es prospectiva e infringe principios de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en España, asegurando que el informe policial se basa en información recuperada sin fundamento sobre la ilicitud de sus actividades profesionales en Bolivia. Por ello, piden la exclusión del documento de la causa para proteger su derecho a una justicia efectiva.
Este informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) señala que Zapatero habría intervenido a favor del Grupo Gloria y su subsidiaria Soboce, que enfrenta una condena en Bolivia por competencia desleal. Se alega que el expresidente realizó gestiones ante autoridades bolivianas, incluyendo al presidente Luis Arce, por las cuales habría recibido pagos en forma de contratos de asesoría.
El juez Calama, en un fallo previo, consideró que no hubo fiscalización excesiva y que las pruebas obtenidas justifican la inclusión de estos pagos en la investigación. Ahora, la Audiencia Nacional deberá decidir si ratifica o rechaza esta posición, lo que podría influir significativamente en el rumbo del caso.